La Comisión Provincial por la Memoria, el CELS y la APDH denunciaron el aumento de detenidos en comisarías y el hacinamiento carcelario.
Buenos Aires, 9 de marzo 2010 (RIS-Argentino) La Comisión Provincial por la Memoria, el CELS y la APDH presentaron informes ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el aumento de detenidos en comisarías, el retorno a los límites en el hacinamiento carcelario, la ausencia judicial en los múltiples casos de torturas en cárceles y dependencias policiales.
La propia Corte Suprema, el 23 de febrero pasado, exhortó al máximo tribunal provincial a atender “las condiciones inhumanas de detención y prisión preventiva”, minuciosamente descriptas en un informe presentado por el CELS a la CS en noviembre pasado. Mañana y el jueves, no será el gobierno provincial sino el nacional el que responda como responsable, punto por punto, esos informes ante la comunidad internacional.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo fueron ratificados por Argentina en 1986. Entre sus obligaciones los Estados nacionales deben responder informes periódicos sobre el cumplimiento del pacto ante el Comité de Derechos Humanos, el órgano facultado por las Naciones Unidas para evaluar los informes y resolver lo que se produce en las audiencias.
El de esta semana es el Cuarto Informe Periódico de Argentina. Primero se presentan los informes de organismos reconocidos, en este caso, la Comisión Provincial por la Memoria y el CELS, y luego responde a esos informes el Estado nacional. Alejandro Mosquera y Roberto Cipriano presentaron ayer un pormenorizado informe en representación de la Comisión Provincial por la Memoria y el Comité Contra la Tortura (que la integra).
El documento de la CPM indica que en la provincia de Buenos Aires “hay alrededor de 30.000 personas privadas de su libertad en 54 cárceles, 12 institutos penales de menores y 310 comisarías”. En términos numéricos, la cifra se acerca a la cantidad tope de detenidos en 2005 (30.414 en cárceles y 5951 en comisarías, con una sobrepoblación de 55,97 por ciento), cuando el fallo Verbitsky de la Corte Suprema de la Nación ordenó a la Corte bonaerense poner límite al hacinamiento, la prisión preventiva, la anulación de las excarcelaciones y las detenciones en comisarías.
El documento recuerda que durante el año pasado el Comité Contra la Tortura presentó 996 hábeas corpus por hechos graves de violencia ocurridos en 43 de las 54 cárceles, 15 comisarías de las más de 300 comisarías y cuatro de 11 institutos de menores. Además, el informe se detiene en la nueva desaparición de persona: la del joven Luciano Arruga, visto por última vez en una comisaría de Lomas del Mirador, con cantidad de evidencias sobre la participación de personal policial, además de recordar la no resuelta desaparición de Julio López.
